Detenció al País Basc de reconeguts professionals de la salut i dels drets humans

25 de març de 2015: La PSM s’adhereix a la preocupació expressada per l’OME (Osasun Mentalaren Elkarte -Associació de Salut Mental i Psiquiatria Comunitària amb seu a Bilbao) sobre la detenció de Nagore López de Luzuriaga, psicòloga; Oihana Barrios Salinas, psicòloga; Fernando Arburúa, psicòleg; i Izaskun Abaigar, treballadora psicosocial, tots ells amb una reconeguda trajectòria de treball en l’àmbit de la salut i dels drets humans.Han estat detinguts en el marc de l’anomenada “Operación Pastor”.

Reproduïm alguns fragments del comunicat de l’OME :

La razón por la que han sido detenidas es extremadamente preocupante. Han sido detenidas por el hecho de atender y acompañar a personas de todos los sectores sociales y políticos, incluyendo a personas vinculadas al movimiento abertzale. Personas que estuvieron detenidas o presas o lo están aún con problemas médicos o psicológicos, y familiares de personas que han estado o están presas.

El hecho de que un profesional de la salud pueda estar bajo sospecha por el simple hecho de ejercer su trabajo es preocupante. Que, además, se puedan incautar sus historias clínicas y expedientes médicos y psicológicos, que contienen información personal y privada de terceros, vulnera los derechos de ellos como profesionales y los de sus pacientes, y sienta un grave precedente de criminalización del trabajo en salud.

No puede resultar ajeno el hecho de que las profesionales detenidas sean conocidas nacional e internacionalmente, precisamente por su trabajo de documentación de los malos tratos y la tortura en que han estado implicados fuerzas de seguridad y que hayan actuado de expertos en juicios por dicha causa. Que su trabajo científico como forenses haya sido elogiado por el Relator Especial contra la Tortura de Naciones Unidas o por el Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura, entre otros, o que formen parte de diversos proyectos internacionales de trabajo con víctimas de violencia.

Rechazamos toda forma de criminalización de las personas y organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos desde el ámbito jurídico, psicosocial, comunicativo o de cualquier otra índole.

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